En un Estado de Derecho como España, la acción de los poderes públicos tiene que estar sometida a la ley y, por lo tanto, al Derecho. Lo contrario es abuso de poder y arbitrariedad.
Ante la noticia descubierta en los casos de espionaje a miembros del Ejecutivo Autonómico de Madrid, el Gobierno regional remitió el pasado 29 de enero al Juzgado la ratificación de la de
nuncia que interpuso el pasado 20 de enero por los seguimientos parapoliciales sufridos por González durante un viaje privado y otro oficial. En su escrito, el Ejecutivo autonómico amplió los hechos a las vigilancias de las que también habría sido objeto el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.Lo primero que hay que decir es que hay que ser prudentes y no entrar a juzgar o a hacer consideraciones propias de las que deben hacer los juzgados y tribunales, en quienes reside la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por el momento, el caso ya está judicializado y ahora corresponde a los órganos judiciales competentes llevar las investigaciones y la depuración de responsabilidades.
De primeras, el asunto se presenta como muy grave, ya que ni más ni menos se está vulnerando, entre otras cosas, el principio de legalidad, la seguridad jurídica o el Derecho Fundamental a la intimidad personal y familiar garantizado en al Art. 18.1 de la CE, ante cuya vulneración aún tienen los afectados el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.
Yo no voy a atacar el caso que en su día protagonizó Alfonso Guerra, ni voy a decir que esto es una orquesta dirigida por el Ministerio del Interior, porque el primer espectáculo se está dando desde las propias filas del partido con acusaciones entre los propios compañeros, que hasta que el juez no lo diga, son inocentes. Ejemplos de lo que no pueden ser la política ni las actividades internas de los partidos.
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